El Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Ricardo C. Pérez Manrique, publicó una columna en el Diario Folha de São Paulo con el título “La Respuesta a la crisis: el camino pasa por más democracia, desarrollo sostenible y derechos humanos”.
Puedes leer la columna completa en portugués aquí.
(TRADUCCIÓN LIBRE AL ESPAÑOL)
Ricardo C. Pérez Manrique
Presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos
Respuestas a la crisis
Camino a través de más democracia, desarrollo sostenible y derechos humanos
Con motivo de la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Brasilia para celebrar su 150º Período de Sesiones, cabe preguntarse qué significa para los brasileños ser parte del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició sus funciones en 1978. En el mundo de la Guerra Fría, donde imperaba el autoritarismo y las dictaduras en América Latina, fuimos nosotros, americanos y americanas, quienes idealizamos este sistema para combatir la barbarie.
Han pasado 30 años desde que, el 9 de julio de 1992, el Estado brasileño decidió soberanamente ser parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal internacional con sede en San José, Costa Rica, cuya jurisdicción abarca 20 países, incluido Brasil. A partir de ese momento, se abrió el horizonte de acceso a la justicia interamericana para los brasileños.
Hoy, varias décadas después, la globalización, las nuevas tecnologías, la migración y la distribución desigual de bienes y servicios son algunos de los factores que limitan las respuestas jurídicas nacionales.
La integración y las soluciones transfronterizas holísticas son fundamentales, por lo que los tribunales internacionales juegan un papel más importante en la consolidación de la democracia bajo el estado de derecho.
Vivimos tiempos complejos y difíciles. La pandemia de Covid-19 no solo ha causado sufrimiento a millones de personas en todo el mundo, sino que también ha puesto de manifiesto las debilidades persistentes y las profundas fisuras sociales y económicas de nuestras sociedades.
La guerra en Ucrania, junto con las crisis migratoria, ambiental y económica que vive el mundo, afecta a la región y hace más relevante el papel de nuestras instituciones democráticas. Estamos en un punto de inflexión; el miedo y la inseguridad socavan el estado de derecho y buscan socavar el multilateralismo como expresión del trabajo conjunto y la solidaridad entre los pueblos. Es necesario tomar las riendas de nuestro destino y, en lugar de mirar con apatía los acontecimientos que suceden, debemos crear y promover un nuevo sentimiento de solidaridad y unidad haciendo prevalecer las tres “Des”: más democracia, más desarrollo sostenible y más derechos humanos.
Primero hablemos de democracia. En América, el principio democrático está consagrado en la Carta de la OEA, fue desarrollado en la Carta Democrática Interamericana de 2001 y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que establecen que el régimen político al que deben aspirar todos los Estados americanos es el de de la democracia representativa y señalan como elementos esenciales para el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, en la separación e independencia de los poderes públicos.
Sin separación de Poderes, entonces, no hay verdadera democracia. La independencia judicial en esta línea es fundamental. Los jueces tienen un papel esencial en el juego democrático, porque son los guardianes del estado de derecho y, como tantas veces ha sucedido, los cimientos últimos de la justicia que, en la práctica, hacen verdaderamente efectivos los derechos humanos.
Destaco especialmente el papel fundamental que tiene el acceso a la justicia en el Estado democrático de derecho, que exige que, además de las vulnerabilidades, el servicio de justicia sea accesible para todas las personas.
El segundo gran pilar de la tríada es el desarrollo sostenible. Estamos en un momento de la historia en el que el calentamiento global es una realidad que amenaza nuestra integridad y en el que poblaciones enteras tienen que moverse a consecuencia del mismo. A este escenario se suma la pobreza latente y la desigualdad que se han incrementado durante la pandemia. Sin embargo, la salida a estas crisis existe. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está diseñada para abordar las mismas debilidades y deficiencias que ha puesto de relieve la pandemia. En el fondo, hay una promesa que desafía el presente: acabar con la pobreza y no dejar a nadie atrás. Los más vulnerables tenemos derecho a dedicar institucionalmente todos nuestros esfuerzos y energías.
En tercer lugar, debo reafirmar que, en tiempos de crisis, se necesitan más derechos humanos. Los niveles de violencia y retrocesos en los derechos laborales de las mujeres, trabajadoras que han abandonado sus fuentes de empleo y, en consecuencia, ven en riesgo su propia supervivencia, o niños y niñas que no han podido continuar en la escuela, son solo algunos ejemplos.
Destaco la situación especial de otros grupos vulnerables, como los pueblos indígenas o tribales. A su vez, esta crisis nos afecta a todos a través de la inflación, la falta de oferta y la posible recesión económica mundial. Sin embargo, la respuesta a estas crisis no puede ser cristalizar retrocesos en los derechos humanos de las personas, ni hacer de la erosión democrática un parámetro. Volvamos a poner los derechos humanos en primer plano.
Juntos, tenemos que hacer de esta crisis una oportunidad de transformación. Transformemos un momento de angustia e incertidumbre en un momento de esperanza y paz. El camino está trazado: más democracia en el marco del estado de derecho, más desarrollo sostenible y más derechos humanos.